Texas ha implementado una nueva política que exige prueba de residencia legal para registrar o renovar un vehículo, una medida que alterará significativamente las normas de conducción en todo el estado. A partir de mediados de noviembre, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) solo procesará registros para personas que puedan demostrar una presencia legal actual.
El cambio de política
El 18 de noviembre, el DMV del estado emitió una directiva a las oficinas de impuestos del condado, ordenando que sólo los residentes con estatus legal verificable puedan registrar o renovar sus vehículos. Este cambio fue abrupto y se comunicó por correo electrónico sin una implementación gradual. La medida sigue a los llamados del Representante Estatal Republicano Brian Harrison, quien anteriormente criticó al Gobernador y al DMV por permitir que “extranjeros ilegales” obtengan registros de vehículos.
Texas ya exige residencia legal para las licencias de conducir, pero esta nueva regla extiende ese requisito a la propiedad de vehículos. Albert Uresti, tasador-recaudador de impuestos del condado de Bexar, reconoció el impacto de la política y afirmó que “va a ser un gran cambio” y que se necesitan más aclaraciones.
El fundamento de la regla
El representante Harrison sostiene que los conductores indocumentados contribuyen a aumentar las tasas de seguro y los peligros en las carreteras. Este argumento ha impulsado los recientes esfuerzos legislativos para endurecer las políticas relacionadas con la inmigración en todas las agencias estatales. Sin embargo, los críticos sostienen que la política podría resultar contraproducente al aumentar el número de vehículos no asegurados y no registrados en las carreteras.
Anteriormente, algunos residentes indocumentados podían registrar vehículos legalmente y obtener seguros. Al eliminarse esta opción, ahora pueden conducir sin una cobertura válida, lo que podría aumentar los riesgos para todos los conductores.
Implicaciones en el mundo real
Mónica Rodríguez, agente de títulos y seguros con sede en Austin, describió la póliza como un “bloqueo de la supervivencia” de las familias sin estatus legal. Sin un registro de vehículos, es posible que estos residentes no puedan conducir legalmente para ir al trabajo o comprar bienes esenciales, lo que hace que la vida cotidiana sea insegura y estresante. Las consecuencias prácticas y legales de este cambio de reglas aún se están desarrollando, pero podría obligar a más conductores a circular sin seguro, aumentando el riesgo general.
Esta política subraya una tendencia creciente en Texas a vincular los servicios esenciales directamente con el estatus migratorio, lo que plantea dudas sobre el acceso y la equidad para los no ciudadanos. La eficacia del cambio para reducir los peligros en las carreteras sigue siendo incierta, ya que puede simplemente desplazar los riesgos en lugar de eliminarlos.
